Texto y fotografía publicados por el periódico La Razón
Hace ya
más de un mes y medio, el pasado 3 de noviembre, el Gobierno municipal
de Parla, integrado por socialistas y concejales de Izquierda Unida,
saltó por los aires. El alcalde, José María Fraile, sucesor de Tomás
Gómez en el cargo, perdía el apoyo de IU y se quedaba en una precaria
soledad parlamentaria para poder sacar adelante su proyecto para la
localidad. La asfixiante deuda que soportan las arcas públicas y el
despido de más de 100 trabajadores municipales terminaron por
desencadenar un divorcio que parecía amenazar la Legislatura al poco de
echar a andar.
Sin embargo, ni el paso del tiempo ni la evidente ruptura entre ambas
formaciones ha significado que los concejales de Izquierda Unida hayan
perdido los privilegios propios de estar en el gobierno junto a Fraile.
De hecho, los cuatro concejales de la coalición de izquierda siguen a
día de hoy percibiendo el mismo salario que entonces. Tal y como ha
podido confirmar LA RAZÓN con fuentes del Ayuntamiento parleño, ninguno
de ellos ha renunciado a los 2.400 euros netos al mes que reciben
aquellos concejales que forman parte del Ejecutivo municipal por estar
liberados con el fin de que puedan dedicarse así íntegramente a su labor
municipal.
Privilegios de la alcaldía
En el Consitorio de Parla sólo pueden estar liberados de forma completa
los grupos políticos que sustentan al alcalde y forman parte de su
equipo. El grupo municipal de Izquierda Unida, sin embargo, sigue
estando liberado en su totalidad pese a que ahora forma parte de la
oposición junto al Partido Popular y a UPyD. Precisamente entre estos
dos grupos, sólo cuatro de los once concejales populares y el único de
UPyD están liberados. Si Izquierda Unida se aplicara el mismo rasero que
el PP, dos de sus cuatro concejales deberían dejar de percibir su
asignación como liberados.
La situación de los concejales de Izquierda Unida contrasta con la que
viven los siete concejales del PP que no están liberados. Éstos sólo han
percibido una mensualidad desde la celebración de los comicios
municipales el pasado mes de mayo. Frente a los 2.400 euros que percibe
un edil liberado, los que no lo están tienen una asignación de 510 euros
netos al mes.
Durante su breve etapa como socio de Fraile, Izquierda Unida tenía
asignado un presupuesto total para sueldos de 372.000 euros. Es la suma
de los salarios de los cuatro concejales liberados, con 42.000 euros al
año, los seis cargos de confianza que tenían, con una asignación de
30.000 euros, y el secretario del grupo, que cobra 24.000 euros. Su paso
a la oposición implicaría que su presupuesto pasaría a ser de 122.000
euros. Una reducción que, al menos en lo que a los cuatro concejales se
refiere, no se ha cumplido.
Este hecho, unido a la negativa de los miembros de Izquierda Unida a
presentar una moción de censura contra Fraile, no hace sino acentuar aún
más la sensación entre los vecinos de Parla de que la ruptura de IU con los
socialistas es más estratégica que real: un gesto de cara a la galería
para calmar a los votantes de Izquierda Unida tras el ERE que dejó en
la calle a más de un centenar de trabajadores del municipio.
Cargos de confianza
A esta situación se une la rapidez con la que Izquierda Unida ha
conseguido recolocar en el engranaje de gobierno de Fraile a sus cargos
de confianza. La ruptura entre ambas formaciones provocó que aquellos
que habían sido designados por IU para asesorar a las distintas
concejalías tras la firma del pacto de Gobierno fueran cesados en el
pleno del 8 de noviembre.
Es el caso de Avelino Pérez, que concurrió en las pasadas municipales en
las listas de Izquierda Unida en el municipio de Fuenlabrada, localidad
en la que ya ocupó un cargo de confianza como vicepresidente del
Consejo de Barrio Centro. No consiguió en las urnas el acta de concejal,
pero fue contratado por el Ayuntamiento de Parla para asesorar la
Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento de Edificios
Públicos. Tras la salida de Izquierda Unida del Gobierno, fue cesado,
pero en el pleno municipal posterior el alcalde Fraile le volvió a
contratar al miembro de IU como cargo de confianza en la misma
concejalía. De esta forma, podrá seguir percibiendo los 30.000 euros de
salario que recibía en su anterior responsabilidad.
La ruptura ficticia hace dos meses
Antonio Sánchez Santos, Carolina Cordero, Eugenio Santos Lozano y Carmen
Galán Huélamo son los cuatro concejales de Izquierda Unida que el
pasado mes de noviembre decidieron abandonar el equipo de Fraile. La
decisión dividió al grupo: Sánchez y Cordero tenían claro que IU no
podían tolerar los despidos municipales aprobados por los socialistas,
mientras que Santos y Galán se mostraron entonces más preocupados por lo
que podía representar para la coalición abandonar un gobierno del que
se habían visto desplazados durante los últimos ocho años por las
mayorías absolutas del PSM. Una vez consumada la fractura, no parece que
estos cuatro concejales vayan, sin embargo, a llevar la contraria
a Fraile.
De hecho, en la práctica totalidad de las votaciones que se han
producido desde noviembre, tanto en pleno como en las distintas
comisiones, los integrantes del grupo de Izquierda Unida han votado de
la mano de los socialistas.
Únicamente se unió IU a PP y UPyD en la
moción en la que los tres grupos exigían al alcalde readmitir a los
concejales despedidos. Por si esto fuera poco, el pasado 27 de
diciembre –durante un pleno extraordinario–, el portavoz de IU, Antonio
Santos reconoció durante una pregunta del portavoz del PP, Miguel Ángel
López, que tanto él como sus tres compañeros continúan cobrando 42.000
euros netos al año a pesar de haber salido del Gobierno de la localidad y
contar con menos de la mitad de ediles que el principal partido de la
oposición.
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